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diciembre 22, 2025El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 15/2025, aprobado a principios de diciembre, mediante el cual se retrasa la aplicación efectiva del Reglamento Veri*Factu hasta el año 2027. La votación no fue especialmente holgada, pero sí suficiente para otorgar eficacia definitiva a la norma, cuya convalidación formal se publicó en el BOE el día 16 de diciembre de 2025 (Resolución de 11 de diciembre de 2025, del Congreso de los Diputados).
La medida ha sido recibida con alivio por una parte significativa de empresas y profesionales autónomos, pero también ha suscitado críticas fundadas. No tanto por el retraso en sí mismo, sino por el momento elegido: a escasas semanas de los primeros vencimientos previstos, cuando la Agencia Tributaria ya había remitido comunicaciones advirtiendo de las nuevas obligaciones y cuando muchos contribuyentes ya habían iniciado —o incluso culminado— sus procesos de adaptación.
Veri*Factu se aplaza, pero no desaparece
Conviene dejarlo claro desde el principio: Veri*Factu no se suspende ni queda sin efecto. Simplemente se aplaza. Los contribuyentes incluidos en su ámbito de aplicación deberán adaptarse, tarde o temprano, a un sistema de facturación más trazable y sujeto a un mayor control.
Ahora bien, también es importante recordar que no todos los contribuyentes están afectados. Quedan excluidos, por ejemplo, aquellos que facturan manualmente o que utilizan hojas de cálculo o procesadores de texto únicamente como soporte para la emisión e impresión de facturas, siempre que no dispongan de un sistema informático de facturación en sentido estricto.
La ampliación de los plazos se ha articulado mediante el Real Decreto-ley 15/2025, una figura normativa que exige convalidación parlamentaria. Este trámite ya se ha superado: el Pleno del Congreso del día 11 de diciembre aprobó la norma y la resolución de convalidación se publicó en el BOE el 16 de diciembre.
Con ello, el retraso hasta 2027 queda definitivamente consolidado, si bien la norma se tramitará ahora como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Las nuevas fechas, ya sin ambigüedades
El calendario de aplicación queda establecido de la siguiente forma:
- Las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas de facturación adaptados antes del 1 de enero de 2027.
- El resto de obligados tributarios (autónomos en IRPF, contribuyentes del IRNR con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas) dispondrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027.
Estas fechas sustituyen a las anteriores, que preveían la entrada en vigor a lo largo de 2026.
Hasta 2027 no habrá QR obligatorio ni sanción automática
La Agencia Tributaria ha aclarado que todas las obligaciones derivadas del Reglamento Veri*Factu —incluida la incorporación del código QR en las facturas— solo serán exigibles a partir de las nuevas fechas establecidas.
Asimismo, a partir de 2027 no siempre será sancionable la mera tenencia de un programa no adaptado, siempre que no pueda utilizarse para emitir facturas. Su conservación como archivo histórico puede ser admisible, siempre que se pueda acreditar de forma fehaciente que no tiene capacidad operativa.
Quienes ya se adaptaron: ¿continuar, detener o dar marcha atrás?
Aquí se plantea una de las situaciones más delicadas. Muchas empresas ya han destinado recursos a formación, software y cambios internos para cumplir dentro del plazo inicialmente previsto. Algunas, incluso, optaron por la modalidad Veri*Factu y comenzaron a enviar registros en fase de pruebas.
La AEAT ha precisado que, durante este período transitorio, no existe obligación de permanencia. Es posible dejar de utilizar VeriFactu, volver a un sistema anterior o pasar a la modalidad No VeriFactu, siempre que todavía no sea obligatorio.
Ahora bien, esta decisión debe adoptarse con visión de futuro: dentro de un año, el mismo dilema volverá a plantearse.
Atención: dar marcha atrás hoy puede implicar tener que repetir todo el proceso mañana.
Quienes aún no se habían adaptado: escenarios posibles
Para aquellos contribuyentes que todavía no habían iniciado ninguna actuación, el abanico de situaciones es más amplio:
- Puede que no estén afectados por Veri*Factu y no tengan que hacer nada, ni ahora ni en 2027.
- Puede que sí estén afectados y simplemente dispongan de un año adicional para adaptarse.
- O bien puede que hayan optado por el SII para quedar fuera del ámbito de Veri*Factu, con el condicionante añadido de la permanencia mínima y con los plazos de renuncia ya vencidos.
En este último supuesto, no puede descartarse que Hacienda habilite un período extraordinario de renuncia, como ya ha sucedido en otras ocasiones, aunque, a día de hoy, no existe confirmación oficial.
Atención: las opciones censales tienen efectos a medio plazo y no siempre son fácilmente reversibles cuando cambia el contexto normativo.
Los proveedores de software continúan sin prórroga
Un aspecto que no ha variado es el relativo a los fabricantes y comercializadores de software. Desde el 29 de julio de 2025, estos deben ofrecer sistemas plenamente adaptados a Veri*Factu.
Ello implica que muchas nuevas contrataciones ya se estén formalizando con software compatible, aunque su utilización obligatoria se haya aplazado.
Qué recomendamos hacer ahora
La tentación de “pararlo todo” es comprensible, pero no siempre resulta la mejor estrategia. Nuestra recomendación pasa por adoptar una posición equilibrada: ni precipitarse ni caer en la inacción.
Revisar las decisiones ya adoptadas, documentar el estado del proyecto, hablar con el proveedor de software y valorar si conviene continuar avanzando, detener temporalmente o reordenar el calendario interno.
El peor escenario posible en 2027 será tener que improvisar con prisas aquello que hoy puede planificarse con calma.
El aplazamiento de Veri*Factu hasta 2027 concede tiempo, pero también deja una lección clara: el cumplimiento normativo avanza, aunque a menudo lo haga de forma irregular, y quienes lo gestionan con visión estratégica suelen sufrir menos sobresaltos.




